En nuestra Región llueve casi todo el año, somos “La Regios de los Ríos”, lo que en teoría nos permitiría tener una cierta “tranquilidad” en cuanto a la escases hídrica que afecta no solo a nuestro país sino que al mundo entero. Pero basta visitar las zonas de plantación de pino y eucalipto para darse cuenta cómo muchos pequeños campesinos y especialmente nuestros pueblos originarios han tenido que abandonar sus tierras o venderlas a muy bajos precios por la desvalorización de éstas producto de la falta de agua,.

A lo anterior se agrega la “fertilización y control de malezas”, práctica nefasta para las comunidades ya que dentro del paquete de agrotóxicos usados en la forestación (aunque la norma internacional los permite, incluso la certificación FSC), está el Glifosato, cuyo objetivo es el de eliminar pastos y hierbas antes de forestar. Sobre esto último, urge establecer registros públicos y transparentes sobre el uso de químicos en la industria forestal chilena, la que que en comunas medianas como la nuestra, pueden tener efecto importantes sobre la salud de la población.

La investigadora Claudia Milena Monroy del Laboratorio de Genética Humana de Universidad de los Andes, Bogotá, sugiere que el mecanismo de acción del glifosato no se limita únicamente a las plantas sino que puede alterar la estructura del ADN en otros tipos de células como son las de los mamíferos. Ante esto es necesario aplicar el principio precautorio, en favor de las comunidades, sus familias y sus recursos productivos (huertas, animales). Esto ha sido una medida recomendada incluso por la ONU, en declaraciones como la de los Derechos de los Pueblos Indígenas, indicando q éstos  tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. Además que los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa.

Estos monocultivos forestales tuvieron su apogeo en plena dictadura militar, cuando a través del decreto ley 701 se establecen políticas de estado que otorgaran beneficios y ventajas en la instalación del modelo forestal trayendo consigo la perdida de suelo, disminución de la disponibilidad  de la calidad de agua y escasez de este recurso en las comunidades aledañas donde se realizan estas plantaciones.

Se hace necesario entonces buscar estrategias para mitigar el daño hecho a las comunidades indígenas, legislar en torno a asegurar el agua para consumo humano y  revisar el decreto ley 701 y dejar de beneficiar de una vez por todas a los grandes grupos económicos de este país.

Por: Felipe Cañoles, Concejal Comuna de La Unión.