Neurotecnología y desafíos legislativo

El mundo ha logrado en pocas décadas, lo que no había logrado la humanidad en el resto de su historia. Los progresos en algunos campos del conocimiento eso sí, abren cuestionamientos en áreas como la ética y la protección de los derechos universales.

Así acontece frente a los avances en Neurotecnología, donde han sido de tal magnitud en el último tiempo, que obligan al mundo legislativo a adelantar respuestas. La velocidad que actualmente se está produciendo en esta disciplina augura adelantos significativos en el campo de la medicina, pero también nos plantea riesgos reales ante la posibilidad de acceso por parte de terceros a la información neuronal de las personas y eventualmente, su manipulación mental.

La neurotecnología ya tiene aplicaciones a través e implantes cocleares para la sordera, estimuladores de médula espinal para tratar la enfermedad de Parkinson o las tecnologías para apoyar a personas con discapacidad motora. Son campos nuevos que abren una serie de beneficios que mejoran la calidad de vida y la salud para miles y millones de pacientes en el mundo. Pero es un hecho cierto también que estos mismos métodos permiten el acceso y uso malicioso de la información contenida a ese nivel.

Esta realidad debe encender una alarma no sólo desde la ética, sino también, desde cómo se van a reestructurar las reglas sociales de convivencia y de cómo se van a proteger los derechos humanos esenciales y anteriores a lo que pueda ser el desarrollo vertiginoso del área, al punto que hoy ya no es ciencia ficción la necesidad de hablar sobre Neuroderechos como una nueva categoría de derechos humanos.

Así lo hemos venido discutiendo las últimas semanas en el Congreso en el marco de un proyecto de ley que reforma la Constitución precisamente para proteger la integridad y la indemnidad mental en relación al avance de las neurotecnologías. En lo sustantivo plantea que el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida e integridad física y psíquica, incluyendo la actividad cerebral y la información proveniente de ella.

La iniciativa para ello entrega un mayor estatus a los datos mentales, estableciendo la clasificación de Neuroderechos. Además, otorga la posibilidad de investigar la mente mediante inteligencia artificial, en la medida que no transgreda la privacidad del paciente. El proyecto pasó a tercer trámite legislativo en el Senado.